El ingeniero Luis Alberto Palacios Valdivieso, director ejecutivo del Consorcio Ingenieros Ejecutores Minero (CIEMSA), no duda cuando se le pregunta cómo terminar con la minería informal e ilegal en el Perú: basta con cortar el acceso a los explosivos y a los reactivos químicos. Sin estos insumos, sentencia, la minería fuera del marco legal desaparecería. Su opinión, formada durante más de seis décadas de experiencia en la actividad minera, es directa y desafiante frente a un problema estructural que el Estado parece no saber, o no querer, solucionar.

“La minería informal existe porque hay explosivos”, afirma el ingeniero Palacios Valdivieso. El razonamiento es simple: los explosivos, el cianuro y el mercurio son indispensables para cualquier operación minera que quiera ser rentable. Si se fiscaliza su distribución, se traza una línea clara entre quien está dentro y quien está fuera de la legalidad. Hoy, sostiene, esos insumos circulan en un mercado negro alimentado, incluso, por concesionarios legales que los revenden a ilegales. Esta cadena es conocida por las autoridades, pero no se actúa con decisión.

El problema es de control y de voluntad política. “El Estado da permiso para importar mercurio. ¿Por qué no deja de hacerlo?”, cuestiona. Las minas de mercurio en Huancavelica ya no operan; todo el insumo proviene del extranjero. Lo mismo ocurre con el cianuro. Si se limitara su importación y venta solo a plantas autorizadas y operaciones fiscalizadas, el 80% de las actividades informales quedarían neutralizadas.

Pero detrás del problema de los insumos hay una raíz más profunda: la ineficiencia estructural del Estado en el manejo del sector. Palacios sostiene que los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas (Minem) carecen de experiencia minera real. Las normas son engorrosas, contradictorias y mal pensadas. “Parece que el Estado desconoce el quehacer minero”, denuncia. Esta desconexión técnica ha producido mecanismos como el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), una herramienta nacida con buenas intenciones, pero que terminó siendo, en palabras del entrevistado, “una salida tomada a la ligera”.

El Reinfo -creado en 2012 como un proceso transitorio para formalizar a mineros informales- ha servido, en la práctica, como un salvoconducto para operar sin cumplir los requisitos esenciales: no se exige demostrar producción real, ni se verifican concesiones vigentes ni contratos de superficie. “Hay gente que figura como minero en el Reinfo pero no tiene nada, ni concesión, ni terreno, ni estudios. Solo especula o alquila su inscripción”, afirma Luis Palacios.

Según el ingeniero, esta falta de verificación fomenta un negocio paralelo: personas que usan sus registros para justificar la extracción de terceros, sin control ni trazabilidad del mineral extraído. Las plantas de procesamiento reciben el mineral sin saber —o sin querer saber— su origen. En este desorden, el Estado pierde recursos y el medio ambiente paga las consecuencias. “Un minero informal recupera solo el 40 o 50% del mineral, el resto lo pierde. Un procesamiento formal recupera hasta el 90%. El país pierde riqueza y contamina a cambio de casi nada”, lamenta.

Luis Palacios pone como ejemplo a su propia empresa, CIEMSA, que ha crecido desde la pequeña hasta la mediana minería con varios proyectos en operación. Sin embargo, la consolidación se ve entorpecida por trámites interminables, oposición de comunidades desinformadas y ausencia de apoyo estatal. “Antes había promoción, existía el Banco Minero que ayudaba a los pequeños productores. Hoy no hay ni apoyo ni guía. Solo tramitología mal hecha”.

Esta desconexión entre el Estado, las empresas y la ciudadanía tiene efectos no solo ambientales o técnicos, sino también económicos. Palacios apunta a un dato clave, para que el Perú pueda crecer entre 4 y 5% del PBI anualmente, se necesitan inversiones del orden de los 100 mil millones de soles por año. Solo el sector minero requiere invertir 56 mil millones. Pero ese flujo está estancado por la conflictividad y la falta de entendimiento. “Si a la gente de Conga se le hubiera creado un beneficio real, habrían dejado trabajar tranquilamente, como ocurrió en Tía María. Pero en el norte no hay personal de relaciones comunitarias con argumentos. La gente acepta cuando recibe un beneficio”, sostiene con contundencia.

Para el ingeniero Palacios, el crecimiento del país está íntimamente ligado a una minería bien hecha, pero también a una estrategia de relacionamiento con la población basada en beneficios tangibles, no en discursos técnicos que pocos entienden. La minería necesita licencia social, y esta no se gana con promesas, sino con resultados visibles.

Frente a este panorama, el ingeniero propone una salida técnica y educativa. Promover estudios geológicos desde las universidades, con participación estudiantil y docente, que no solo generarían ingresos para las casas de estudio, sino también información útil para el Estado y los inversionistas. Además, pide que el Estado convoque a verdaderos expertos para tomar decisiones. “Hay profesionales capacitados que han dirigido minas, han hecho exploración, conocen de plantas mineras. Pero no son tomados en cuenta. El Ministerio no nos llama”, reclama.

La solución al problema minero no es prohibir la minería, sino hacerla bien, subraya. Hay tecnologías para asegurar vertimiento cero, para evitar la contaminación. Hay mecanismos de monitoreo comunitario y fiscalización, que en operaciones formales como las de CIEMSA ya se aplican. Pero nada de esto llega a la informalidad, donde se abandona la mina en cuanto se agota el mineral, dejando pasivos ambientales que nadie remedia.

La minería ilegal, añade, es aún más grave. Invade zonas prohibidas, usa explosivos sin permiso, explota concesiones ajenas. “Todo eso tiene solución si el Estado regula los insumos. Si se controla la venta de explosivos y reactivos, se acaba la minería ilegal. Así de simple”.