Pensar en el país, no en el botín

Volvemos a hundirnos en el fango político. A los siete minutos del 10 de octubre, el Congreso votó la vacancia de Dina Boluarte por incapacidad moral permanente. Fue el epílogo previsible de un gobierno que nació del engaño y del cálculo, no del mandato popular. Boluarte ascendió al poder traicionando al presidente Pedro Castillo, negando su propia legitimidad y desatando una represión que dejó decenas de muertos que aún claman justicia. A ello se sumaron los distintivos de la corrupción más vulgar, relojes de lujo imposibles de justificar, viajes ostentosos y cirugías costeadas por el erario público. La frivolidad y la impostura reemplazaron la austeridad republicana. Su caída, sin embargo, no anuncia una renovación, sino una recaída. El nuevo mandatario, un congresista de prontuario moral y ambición desmedida, llega al poder envuelto en denuncias de abuso sexual, con una riqueza multiplicada de forma inexplicable y una conducta pública que bordea el histrionismo. Lo vemos en los penales, en los incendios, en los desastres naturales, interpretando su papel de falso redentor, cuando en realidad solo está en campaña. El poder en el Perú se ha convertido en un escenario para la desfachatez. La banda presidencial se la impuso un tipo como Fernando Rospigliosi, marca registrada del cinismo político, mientras la Junta Nacional de Justicia sigue paralizada y cooptada. Su actual presidente, Gino Ríos, un sentenciado por violencia, encarna el colapso ético de una institución que debía velar por la probidad judicial. Detrás de sus maniobras asoman los manidos intereses que buscan reinstalar a sus peones en el Ministerio Público, para enterrar toda investigación incómoda. El Tribunal Constitucional, por su parte, ha dejado de ser garante de la Constitución para convertirse en una oficina de blindaje. Archivar el caso Cócteles cuando el proceso judicial estaba en curso fue un acto de sometimiento al fujimorismo y una señal devastadora para la independencia de la justicia. Con ese fallo, el TC desconoce al Poder Judicial, protege la impunidad y amenaza con derribar años de trabajo de fiscales y jueces que enfrentan la corrupción, el poder económico y político. En este escenario, el país parece condenado a girar en un círculo vicioso de descaro, impunidad y mediocridad. Pero incluso en medio de este derrumbe institucional, hay una responsabilidad que no se puede delegar; la de pensar en el país. Pensar en el país no es rendirse ante el mal menor ni resignarse a la podredumbre. Es recuperar la noción de bien común, reconstruir la confianza pública y exigir que el poder sirva, y no se sirva del Estado. Basta de ser meros espectadores, ¡Participemos en política! El Perú no necesita más salvadores de sí mismos ni más impostores con banda. Necesita ciudadanos que piensen más allá del inmediatismo, que reconozcan que cada voto, cada silencio y cada indiferencia son parte del deterioro. Pensar en el país es un acto de resistencia moral.