AL FUNDO HAY SITIO

Martín Alberto Vizcarra Cornejo, es el cuarto presidente corrupto del Perú que purga prisión en el ex Fundo Barbadillo. La justicia lo madrugó sentenciándolo por adelantado con cinco meses de prisión y le malogró su plan de fuga. Orgulloso de este forastero, el jefe del Instituto Nacional Penitenciario asegura que “siempre habrá capacidad para alguien más”. Se refirió a la ampliación de sus instalaciones para damas, con miras a recibir la pronta visita de Ladina Boluarte. Lamentó, eso sí, la injusticia de no acoger al delincuente de mayor edad, Pedro Kuczynski. A esta prisión parece que no llegarán la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán y el actual Rafael López.

Tanto Martín Vizcarra como Dina Boluarte fueron primeros vicepresidentes de la República, un puesto históricamente honorífico y casi decorativo. Sin embargo, en la atmósfera actual de corrupción y amoralidad política, ambos encontraron en ese cargo una plataforma para satisfacer su ambición de poder. Tramar contra el presidente de turno, invocando luego la coartada del “mandato constitucional”, les permitió consolidar un golpe encubierto bajo el barniz legalista, ocultando bajo la alfombra sus intereses personales. En el caso de Vizcarra, esa ambición se combinó con un manejo político calculador, un discurso antisistema y un modus operandi que arrastra desde su época como gobernador regional de Moquegua: controlar instituciones clave, tejer redes en el Ministerio Público y blindarse frente a las múltiples denuncias en su contra.

Hoy, Vizcarra está en prisión preventiva gracias a que el Poder Judicial decidió actuar frente a un patrón de conducta que lo dibuja como un político corrupto, cobarde y manipulador. No olvidemos que fue el primero en vacunarse contra el COVID-19, junto a su familia, funcionarios y allegados, en el escándalo conocido como “Vacunagate”, mientras pedía sacrificios a la población. Pesan sobre él denuncias por recibir millonarias coimas en obras emblemáticas de Moquegua, como el proyecto Lomas de Ilo y el Hospital Regional, que durante años fueron archivadas gracias a su influencia en el Ministerio Público. El fiscal José Domingo Pérez, quien en 2010 lo retiró de la denuncia del “Moqueguazo”, debe explicar cómo y por qué archivó causas que hoy se reabren y exhiben un latrocinio probado por colaboraciones eficaces y corroborado por jueces.

El historial es voluminoso: más de 40 denuncias contra Vizcarra fueron hábilmente cerradas durante su gestión como gobernador (2011-2014), incluidas las que hoy vuelven a la mesa judicial. En el caso del Hospital Regional, el último día de su mandato giró cerca de 40 millones de soles al consorcio ejecutor sin que se hubiera entregado el terreno ni cumplido formalidades mínimas. Estos actos fueron encubiertos, hasta que el caso Lava Jato y el testimonio de empresarios del Club de la Construcción sacaron a la luz pagos ilícitos a Vizcarra, junto a otros gobernadores y alcaldes.

Su relación con el empresario y exministro José Manuel Hernández Calderón se remonta a 1987, cuando Vizcarra asumió la dirección del proyecto Pasto Grande. Desde entonces, ambos mantuvieron vínculos contractuales, algunos de ellos con empresas como Obrainsa y Odebrecht, hasta la época en que Vizcarra ya manejaba Provías Descentralizado y otras instancias estatales. El mismo patrón de alianzas, favores y conspiraciones se repite: lo hizo en su breve paso por el Partido Aprista, cuando fundó su propio movimiento político, y en su acercamiento con Pedro Kuczynski para integrar la plancha presidencial de 2016.

Hoy, el juez Jorge Luis Chávez Tamariz ha sustentado una decisión clave: asegurar la presencia de Vizcarra en el proceso y evitar su fuga el día que se lea la sentencia condenatoria. Los elementos probatorios demuestran, según la valoración judicial, que Vizcarra será encontrado culpable en el caso Lomas de Ilo. Con cinco meses de prisión preventiva y un proceso que apunta a penas que podrían mantenerlo en el penal de Barbadillo por décadas, se desmonta la inmunidad de la que gozó durante años. Su campaña de “revictimización” busca asilo político y escapar de la justicia, pero todo indica que el tiempo de conspirar y manipular llegó a su fin. Martín Alberto Vizcarra Cornejo, construyó su carrera sobre intrigas, blindajes y un falso discurso moralista, enfrentará por fin las consecuencias de sus actos.