FISCAL DE LA NACIÓN EN LA MIRA POR NO ACATAR FALLO DE LA JNJ

Investigan a Delia Espinoza en medio de acusaciones de intento político por controlar el ministerio público

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha abierto una investigación preliminar contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por presuntamente haber desacatado una resolución firme del propio órgano constitucional que ordenaba la reposición de Patricia Benavides como fiscal suprema y titular del Ministerio Público.

El proceso disciplinario se da en un contexto marcado por denuncias de interferencia política. Desde el entorno jurídico de Espinoza se advierte que esta acción busca sancionar y apartar a la actual jefa del Ministerio Público para facilitar su captura institucional por parte de sectores del Congreso en connivencia con el Poder Ejecutivo.

La resolución de la JNJ —emitida en junio— ordenó ejecutar sin dilación el retorno de Benavides, argumentando que su suspensión carecía de sustento legal al no existir sentencia judicial firme. Espinoza, sin embargo, no cumplió con lo dispuesto, alegando que la materia se encuentra judicializada y que existe un conflicto de interpretación competencial.

No obstante, expertos constitucionalistas sostienen que, mientras no haya pronunciamiento expreso del Poder Judicial que anule o suspenda la resolución de la JNJ, esta debe cumplirse. Su inobservancia puede derivar en responsabilidad funcional y podría ser entendida como una vulneración al principio de sujeción al orden jurídico.

Más allá de lo técnico, el caso ha reavivado el debate sobre la independencia del Ministerio Público. Juristas consultados advierten que el procedimiento contra Espinoza no solo responde a un aparente desacato, sino que encubre una ofensiva política orientada a desplazar a fiscales incómodos e instalar una conducción alineada a intereses parlamentarios o del Ejecutivo. "La intención de fondo es tomar el control del Ministerio Público", advirtió un constitucionalista bajo condición de anonimato.

Paralelamente, se ha cuestionado la actuación del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, quien avaló el nombramiento de Gino Ríos como presidente de la JNJ, pese a que este posee una sentencia consentida por violencia familiar. Su actuación, considerada por algunos juristas como omisiva e inconstitucional, también es motivo de creciente escrutinio público y político.

El proceso contra Espinoza marca un nuevo episodio en la pugna entre órganos autónomos del Estado. Para algunos, el uso instrumental de mecanismos disciplinarios refleja una estrategia de control institucional que pone en entredicho la autonomía del sistema de justicia y vulnera las garantías de la función fiscal.